"Guerra difusa” en la frontera colombo-venezolana
Por: Franco Vielma
El siguiente análisis recoge los elementos más sobresalientes que definen de manera puntual la configuración de un peligroso tejido de relaciones difusas y otras ilegales, que se han consolidado como inercia en la frontera de Colombia y Venezuela, con el agravante de perpetuarse como el hábitat idóneo para el desarrollo de una actividad criminal trasnacional, que constituye un riesgo profundo en materia de seguridad estratégica para ambos países, especialmente para Venezuela. De esta manera, el siguiente trabajo describe a grandes rasgos la configuración de un “hábitat” económico idóneo, compuesto por diversas actividades que dan cuerpo al tejido criminal y, luego, su extensión en grupos paramilitarizados e irregulares que han permeado el lado venezolano. Este análisis también desemboca en una breve descripción de un territorio con gestión difusa o comprometida, espacio de la disolución parcial de la jurisdicción estatal y teatro de operaciones de mafias y factores armados. Un contexto agravado por el cese de las relaciones binacionales, desde 2019, que revisten en una grave amenaza a la seguridad fronteriza.
La configuración de un hábitat “paraeconómico”
La categoría de “paraeconomía” es explicada mediante dos interpretaciones; en
primer lugar, para referirse a la conformación de una economía “informal”,
“paralela”, claramente estructurada en el corredor fronterizo entre Venezuela y
Colombia, que se encuentra atravesado por un marco de ilegalidad. En segundo
lugar, el término es aplicado para reseñar la conformación de una economía
“formal”, pero asociada a ilícitos económicos, cambiarios, monetarios,
contrabandistas y de otras índoles, que revisten actos ilegales altamente
lesivos para la vida económica venezolana. Esta segunda acepción se refiere al
desarrollo de una economía “paralela” fronteriza, en muchos casos fuera de los
marcos de regulación en ambos países, pero en otros casos dentro de la
legalidad en el lado colombiano. El concepto refleja el desarrollo de este tipo
de “conductas económicas” que, por haberse “trivializado” y “normalizado” en la
frontera, adquieren el rango de categoría de constructo económico y social.
También reviste su significado la presunta asociación de ese ordenamiento
económico con actividades ilegales como el contrabando, la extracción de bienes
desde Venezuela a Colombia, así como el narcotráfico y paramilitarismo como
elementos medulares en el lado colombiano.
El concepto de “paraeconomía” fronteriza comprende también actividades derivadas del narcotráfico y el paramilitarismo, como el lavado y legitimación de capitales, es decir, la incorporación al tejido real de la economía colombiana y fronteriza de recursos provenientes de estas actividades criminales. Ello infiere que tal incorporación concurre mediante el flujo de dinero sucio a las actividades económicas “formales” e “informales”, dando así cuerpo a un complejo hábitat económico atravesado por irregularidades que son, en la mayoría de los casos, altamente dañinos a la vida en Venezuela.
La legitimación de capitales del narcotráfico como centro de la paraeconomía fronteriza
El nudo financiero y punto de arranque de una buena parte las actividades
ilegales parten del metabolismo del narcotráfico, que ha emergido en Colombia
como inercia histórica. Este se ha decantado en una incorporación de dichos
capitales al tejido económico real de manera sostenida y estructurada, dando
forma a relaciones paraeconómicas consolidadas. Los actos de legitimación de
capitales en Colombia son registrados con gran énfasis por las propias
autoridades colombianas como una actividad en auge durante los años 80 y 90.
Son referidos como actos “medulares” de la paraeconomía fronteriza por tener
una capacidad expansiva, por abarcar el manejo de un conjunto de bienes y
sectores más allá de los dineros generados exclusivamente por actividades del
narcotráfico.
Sobre
el esquema de funcionamiento, un informe de evaluación de riesgos del
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, publicado en 2018[1],
destaca lo siguiente sobre el circuito económico que generan las drogas
exportadas desde Colombia y otros países de producción y tránsito:
“Gran
parte del dinero generado en los Estados Unidos por las ventas minoristas
ilegales de drogas se queda en los Estados Unidos, dinero que es generado por
mayoristas u organizaciones transnacionales de narcotráfico más grandes. El
dinero de la droga que sale de los Estados Unidos generalmente fluye a Colombia
y México (…) como puntos de tránsito y centros intermedios de lavado de
dinero”.
El
informe profundiza en la relación simbiótica que existe entre el dinero, que es generado por las drogas en Estados
Unidos, y el rol de Colombia como un puerto seguro para el lavado de esas
ganancias. Se ha configurado una especie de comercio triangular en una de las
industrias de mayor crecimiento en los últimos años (el narcotráfico). En 2015,
la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió una alerta al sistema
financiero para intentar limitar la ejecución de estas actividades. Dicha red
dio detalles en esta alerta sobre el esquema de funcionamiento de lavado [2].
“En un esquema
típico de TBML, conocido como el Mercado Negro de Cambio de Peso (BMPE), los
narcotraficantes estadounidenses venden sus ganancias (denominadas en dólares)
con un descuento a corredores de dinero colombiano, quienes a su vez venden la
moneda a tasas de mercado inferiores a empresas sudamericanas que lo necesitan
para comprar bienes estadounidenses. Aunque los corredores venden los dólares
estadounidenses a comerciantes sudamericanos, los corredores típicamente harán
el pago en su nombre a los exportadores estadounidenses”.
La
composición medular del narcotráfico como “hábitat” para la legitimación de capitales
es una consecuencia, pero a la vez es un factor acelerante del narcotráfico
mediante una clara relación simbiótica. El referido informe, a modo de alerta
del Departamento del Tesoro estadounidense, conecta el aumento en el consumo de
cocaína de la población estadounidense al crecimiento del narcotráfico en
Colombia, apoyándose en cifras certeras. Además, estima una cifra del dinero
del narcotráfico que estaría ingresando a Colombia por la vía del lavado de
capitales. Dice textual el documento:
“El consumo de
cocaína en los Estados Unidos aumentó entre 2015 y 2016, según la DEA, y es
probable que continúe aumentando debido a la creciente producción de cocaína en
Colombia, la fuente principal para cocaína incautada y probada en los Estados
Unidos. Organizaciones mexicanas de narcotráfico dominan el transporte de
cocaína en todo Estados Unidos. La distribución a nivel minorista se realiza
por grupos criminales locales de Estados Unidos y pandillas callejeras. La DEA
estima que aproximadamente de $5 mil millones a $10 mil millones de ganancias
de cocaína se lavan en Colombia cada año”.
Este
dinero que ingresa a la economía colombiana, según el sistema explicado por el
Departamento del Tesoro estadounidense, se sumaría a lo generado en el mercado
colombiano de drogas que, según Naciones Unidas contra el Crimen Organizado
(UNODC), se estima en 2.700 millones de dólares al año. Es decir, para el
gobierno estadounidense y para el sistema de Naciones Unidas hay unos 12.700
millones de dólares que cada año fluyen en Colombia, generados a partir las
actividades del narcotráfico, modulando de manera estructural una paraeconomía
financiada por el narcotráfico. La investigación de esta institución deja ver
la amplitud de este flujo de capitales, ya que va más allá de la propia
ganancia que genera la venta de cocaína colombiana en los Estados Unidos, donde
entraría el lavado de capitales posterior. En tal sentido, el flujo de las
ganancias del narcotráfico denominadas en dólares estadounidenses, que generan
carteles mexicanos o centroamericanos, también toman a Colombia como un centro
de seguro para sus operaciones de lavado de capitales. Como factor antecedente,
una alerta de la FinCEN en el año 1997 explica a profundidad cómo funciona la
estrategia binacional del lavado de capitales:
“El método de
intercambio de peso en el mercado negro colombiano es el sistema de lavado de
dinero más eficiente y extenso en el hemisferio occidental. Está diseñado para
maniobrar alrededor de los requisitos de informes de la Ley de secreto bancario
de EEUU (BSA), que impide transacciones anónimas de divisas a gran escala que ocurren
en los Estados Unidos”
De
lo general a lo particular, un informe de la UNODC, publicado en 2011, estima
cifras sobre el uso de los fondos ilícitos generados por el narcotráfico como
un mecanismo de inversión en áreas económicas legales. Se trata de una
incorporación, claramente estructurada, de dinero sucio en el tejido económico
real:
“Alrededor del
80% de los ingresos criminales eran invertidos; el 57% del total se destinó a
‘inversión convencional´ (bienes raíces, banca, valores) y el 23% se invirtió
directamente en diversas actividades comerciales, principalmente tiendas,
hoteles y burdeles. Los datos también confirmaron que a mayor ingreso criminal,
menor es la proporción utilizada para el consumo y mayor es la proporción de
los fondos criminales que se invierten”.
Para
2018, recogiendo información suministrada por el presidente del DANE, Juan
Daniel Oviedo, el periódico La República informó:
“La economía
colombiana creció 2,7% tras presentar los resultados preliminares del Producto
Interno Bruto del año pasado. Según el director de la entidad, en términos
reales el crecimiento de la economía colombiana el año pasado (2017) fue $854
billones, y en términos corrientes el PIB fue de $976 billones (…) De acuerdo
con la entidad, las tres actividades líderes que contribuyeron al resultado
anual fueron administración pública y defensa, educación y salud (4,1%);
comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de
comida (3,1%), y actividades profesionales, científicas y técnicas (5%), que en
conjunto contribuyeron en 1,6 puntos porcentuales al PIB de 2018”.
Según
esta información, el crecimiento de la economía colombiana oscilaría en 122
billones (de pesos colombianos), cifra que contrasta enormemente con los 10 mil
millones de dólares que anualmente se estarían lavando en Colombia producto de
las ganancias del narcotráfico en los Estados Unidos. La cifra también
contrasta con la más de 5 mil millones de dólares que [6], según la Unidad de
Información y Análisis Financiero, adscrita al gobierno de Colombia (UIAF), se
mueven anualmente en la economía interna [7]. Pese a lo contradictorias de las
informaciones entre Washington y Bogotá, la admisión desde ambos países
coincide en grandes operaciones de lavado de capitales en la nación
neogranadina.
Entretanto,
en ciudades como Cúcuta y Maicao, el florecimiento de un sinnúmero de
actividades comerciales legales, que podrían partir mediante la incorporación
de capitales del narcotráfico, han estado también acompasadas de otras formas
paraeconómicas. Una de ellas ha sido el histórico contrabando de gasolina desde
Venezuela a Colombia, que también tiene un punto conexo con la producción de
cocaína.
Sin
embargo, el elemento más grave parte del auge de las casas de cambio en
Colombia. Los sistemas cambiarios o el gran tejido de casas de cambio que
existen en el lado colombiano de la frontera son de suma particularidad como
actividad en un margen entre un país y el otro. No existen otras fronteras
entre países con las particularidades de las de Venezuela y Colombia. La Cámara
de Comercio de Cúcuta y el Banco de la República de Colombia contabilizaron
para el año 2015 unas 523 firmas registradas legalmente para la actividad,
mientras que se estimaba un similar número de casas de cambio informales solo
en el Departamento de Norte de Santander. Por otro lado, en la ciudad
fronteriza de Maicao, también en Colombia, tenían presencia unas 370 firmas
registradas y un similar número de cambistas informales. Este tipo de
actividad, cuantiosa y numerosa para la densidad poblacional de ambos países en
ese trecho, significa un tejido financiero que, aunque es legal y tiene una
denominación informal que no es reprimida en Colombia, es símbolo
representativo de una paraeconomía estructurada, altamente inferida por el
lavado de capitales. La inercia es profunda, arraigada e histórica. En año
1993, la FinCEN explica la génesis de la legitimación de las actividades
cambistas que han proliferado en Colombia, especialmente en su margen
fronterizo.
El
sistema funciona de la siguiente manera:
- · Los
carteles colombianos de la droga exportan drogas a los Estados Unidos.
- · Las
drogas se venden por dólares en los Estados Unidos.
- · Un
cartel en Colombia celebra un “contrato” con un corredor colombiano de peso en
el mercado negro que generalmente se encuentra en Colombia.
- · El
cartel vende sus dólares estadounidenses al agente estadounidense del corredor.
- · Una
vez que se entregan los dólares estadounidenses, el intercambiador de pesos en
Colombia deposita el equivalente acordado (de dólares estadounidenses) en pesos
colombianos en la cuenta del cartel en Colombia (en este punto, el
representante del cartel está fuera de escena porque ha convertido con éxito sus
dólares de drogas en pesos).
- · El
corredor de pesos del mercado negro de Colombia ahora asume el riesgo de
introducir los dólares del narcotráfico en la banca estadounidense; esto se
realiza a través de una variedad de transacciones estructuradas.
- · El
corredor de pesos del mercado negro de Colombia ahora tiene un grupo de fondos
lavados en dólares estadounidenses para venderlos a importadores colombianos
que usan los dólares para comprar bienes (…) de los EE.UU.
- · Finalmente,
estos bienes son transportados a Colombia.
El enfoque parece haberse remodelado desde los métodos de 1993 a otros mecanismos “formales” y legales, mediante la creación de un hábitat financiero claramente alterno a los sistemas bancarios regulares, estructurado sobre las actividades cambistas en la frontera binacional. A finales de los años 90 y mediante el auge del narcotráfico, el lavado de capitales y presiones de factores económicos del lado colombiano, el gobierno de Colombia, a cargo del presidente Andrés Pastrana, procedió a dar cuerpo a una legislación marco que regiría desde entonces, y hasta hoy, el desarrollo de una dinámica monetaria con impacto a ambos lados de la frontera. Fue esa la publicación de la aún vigente Resolución Externa N° 8 del año 2000. A la luz de estos eventos, es evidente el financiamiento de un conjunto de actividades irregulares en un contexto paraeconómico signado por la ilegalidad y la legitimación difusa de diversas actividades perniciosas.
Desplazamiento del conflicto, delito trasnacional, la frontera como “zona difusa” y el riesgo de seguridad estratégica binacional
En primer lugar, es indispensable reseñar la existencia de un corredor
binacional que demarca particularidades. Estas parten de la configuración de
inercias estructurales e históricas que definen la vida fronteriza. Se trata de
un conjunto de condicionantes materiales y subjetivos que particularizan la
vida en dicho espacio compartido en comparación a la vida en las capitales,
ciudades centrales y regiones metropolitanas de ambos países. Es decir, la
realidad socioeconómica y sociocultural en estas regiones está marcada por
singularidades. La frontera es un corredor geo-humano, un espacio-territorio
delineado por el comercio, las relaciones interpersonales y familiares, el
flujo migratorio permanente y pendular, así como también por el tipo de economía
que se ha consolidado a expensas de la sinergia de desarrollo tanto en
Venezuela como en Colombia.
En
esencia, Colombia es un país con un modelo de desarrollo centrípeto. Es un país
que ha configurado el desarrollo de sus infraestructuras y plataformas de
bienes y servicios, así como su economía, privilegiando su región central,
especialmente en el eje cundi-boyacense. Ha proyectado su sistema de ciudades
también al norte y hacia el Caribe, pero generando inercias intestinas de
ostracismo económico en buena parte de su territorio, principalmente en dos
ejes, el eje pacífico y el eje oriental, este último, parte del eje fronterizo
con Venezuela.
Ello
indica que el modelo de tipo centrípeto de Colombia, reproduce relaciones
centro-periferia, que en las profundidades de la vida colombiana significan un
deterioro prolongado y sistemático de las condiciones de vida de la población
que habita en las regiones lindantes del país. En el caso de la población que
habita en el eje oriental, tienen especial énfasis la población en los
territorios de La Guajira, Norte de Santander, Santander y Arauca, que son
representativas de altos índices de pobreza estructural. Para el 2019, unas 4
de cada 10 personas son pobres en el Norte de Santander según estudios de
Pobreza Monetaria y Multidimensional del DANE (Colombia) y, en el caso de
la Guajira, la pobreza Monetaria fue de 53,7% para 2018. Son estas regiones
colombianas las que colindan con los estados venezolanos Zulia y Táchira. Las
inercias estructurales de la economía colombiana han propiciado que el
gentilicio del lado colombiano se asocie y desarrolle en relaciones de
mutualismo con la vida venezolana y sus regiones próximas a la frontera,
cuestión que ha servido para el desarrollo de actividades comerciales y flujo
humano con diversos propósitos de un lado al otro del corredor binacional, en
un devenir de más de 80 años de alta actividad.
Según el ministro de Estado para la Nueva Frontera de Paz en Venezuela, Gerardo Izquierdo Torres, consultado para esta investigación, “el corredor colombo-venezolano es el corredor fronterizo más activo del continente, lo que ha hecho de este trecho territorial un espacio-territorio sumamente permeable y altamente vinculado”, lo cual indica que lo que ocurre de un lado de la frontera se aprecia al otro lado. Mientras tanto, del lado venezolano convergen algunas de las contradicciones del propio modelo venezolano en la franja al sur-occidente de Venezuela, en las subregiones del Sur del Lago, Andes y Alto Apure, espacios y territorios con altas vulnerabilidades económicas estructurales que han favorecido la relación de sus habitantes con la frontera colombiana. Son esos entramados territoriales con alta permeabilidad con Colombia donde se desarrollan un conjunto de actividades conexas esenciales al mutualismo económico, social y cultural. Es lo que el ministro Izquierdo Torres define como “la frontera social” o de cómo la presencia de la influencia colombiana es palpable tierra adentro de Venezuela, creando un espacio, en términos subjetivos, sumamente difuso, particular y mixto.
El teatro de operaciones de una guerra híbrida
Es
indispensable ahora referir que tales espacios en ambas naciones están
claramente atravesados por los fenómenos derivados del crimen trasnacional, por
la guerra en Colombia que se desarrolló durante décadas y por la posibilidad de
que mediante el espacio fronterizo sea configurado un Estado portátil, difuso,
una “zona difusa” que, tal como refiere el Ministro venezolano Izquierdo
Torres, implica con diversas modalidades una zona de guerra híbrida contra
Venezuela, “en el marco de una agenda destituyente contra sus autoridades
chavistas, a cargo de factores estadounidenses apoyados en instancias de la
parainstitucionalidad colombiana”, señala. El motivo de estas acciones estaría
delineado en el interés sobre recursos estratégicos de Venezuela, como los más
de 300 mil millones de barriles de crudo en reservas que podrían ser objeto de
interés de factores estratégicos estadounidenses, así como también de factores
de la vida colombiana que proyectan rentabilidad política y económica a
expensas de una disolución de la actual institucionalidad en Venezuela.
Para
los fines del desmantelamiento del Estado venezolano y su institucionalidad
formal es indispensable, también, que se diluyan las formas convencionales de
gestión del territorio y esas posibilidades se ciernen en el florecimiento de
una estructura criminal, compleja, intrincada y extendida en el trecho
fronterizo binacional. La alerta de tipo político que hace Izquierdo Torres no
excluye las alertas estrictas en el ámbito concreto de lo militar. La “guerra
difusa” histórica que han desarrollado fuerzas regulares e irregulares del lado
colombiano, precisamente como mecanismos de sedimentación de hecho del propio
Estado colombiano, sabemos, han tenido réplicas del lado venezolano. Esto
infiere que la probabilidad de que estos mecanismos se trasladen a suelo
venezolano, contra el Estado venezolano, mediante modalidades de nuevo tipo,
con fuerzas beligerantes y no beligerantes como actores difusos en el terreno.
El punto de inflexión y riesgo desde el quiebre de las relaciones binacionales desde 2019
Desde
el ascenso del presidente colombiano Iván Duque, Venezuela y Colombia han visto
rotos sus lazos de relaciones políticas, todo ello, recordemos, en una trama de
retaliaciones políticas contra las autoridades en Caracas y el no
reconocimiento a la reelección del presidente Nicolás Maduro en 2018, pero
también, en el acompasado reconocimiento de varios países de la región a la
figura artificial e impuesta del diputado venezolano Juan Guaidó,
autoproclamado “presidente interino” de Venezuela a inicios de 2019. Más allá
de la diatriba política binacional, el cese de relaciones supone un cese de las
relaciones interinstitucionales que ya venían sufriendo un claro deterioro en
medio de la diatriba generada por los gobiernos del presidente venezolano
Nicolás Maduro y su par Juan Manuel Santos. En efecto, la ausencia de
interlocución política, la ausencia de mecanismos de colaboración
intergubernamental, la ausencia de políticas de control y gestión
interinstitucional de la frontera ha permitido la formulación de un clima ideal
para la aceleración de delitos y fenómenos que degradan la ley y la seguridad
estratégica para ambos países, pero con mayor énfasis para Venezuela.
Este
contexto delineado desde el ámbito estrictamente político han traspasado al
ámbito de la sedimentación de los marcos juridisccionales binacionales para la
atención de amenazas construidas sobre estructuras criminales. En este ítem, el
desarrollo del conflicto histórico en Colombia es pieza clave y punto de
partida. La evolución del conflicto en Colombia ha generado saldos que
consisten en un impacto significativo a la seguridad del vecino país, de manera
profunda y con derivaciones multidireccionales. A saber:
- ·
7.758.935
víctimas registradas.
- ·
Homicidio:
262.980 víctimas directas. 697.107 víctimas indirectas
- ·
Desaparición
forzada: 45.567 víctimas directas. 114.534 víctimas indirectas
- ·
6.5
millones de desplazados internos
- ·
360.000
refugiados (estimación)
- ·
1
millón de víctimas fuera de Colombia (estimación).
El
traslado de los efectos de la guerra a Venezuela ha ido desde lo militar al
flujo humano, este último, denominador exacto de un impacto significativo para
Venezuela. No obstante, el nudo crítico de las amenazas actuales a la
seguridad fronteriza binacional yace en la continuación de la guerra por otras
modalidades. Esto se explica especialmente desde proliferación de bandas criminales
que se decantaron desde la supuesta desmovilización de las fuerzas
paramilitares en el marco de la Política de Seguridad Democrática de Álvaro
Uribe. Lo que hay es una evolución del conflicto armado a otras formas,
mientras que hasta el presente, luego del acuerdo de paz entre el gobierno de
Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo
(FARC-EP), existe una disidencia de las FARC en el ruedo de las armas y no
existe acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Volviendo
al tema de la evolución de las fuerzas paramilitares de derecha a modalidades
criminales, en Colombia han tenido lugar políticas fallidas de pacificación de
esos factores. Para las propias instituciones colombianas ha tenido lugar una
reconfiguración y transformación de los actores del terreno, al unísono de un
solapamiento de la otrora violencia política en modalidades de violencia
criminal. Un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz
(Indepaz) de Colombia, publicado durante 2013 y referido por el medio
colombiano El Espectador [13] señaló que las bandas criminales hicieron
presencia en 409 municipios de 30 departamentos de Colombia, es decir, en cerca
del 30% de los municipios (ver infografía). En 285 de ellos hubo una presencia
consolidada por parte de estas organizaciones criminales, mientras en otras 76
poblaciones hubo riesgo de que estos grupos armados ilegales se consolidaran
del todo.
La
reconfiguración del conflicto en Colombia está explicada por las propias
acciones de la institucionalidad colombiana. Sobre ello, en un informe
presentado en 2017 por el Council On Hemispheric Affairs, se detallan algunos
de los elementos descriptivos sobre la política de Seguridad Democrática y el
Plan Colombia, que implicaron el emprendimiento de una etapa cruenta de la
guerra en Colombia a expensas de políticas de Estado y otras de “paraestado”,
que impulsaron un auge del conflicto y su irradiación tanto a la periferia del
territorio colombiano como a suelo venezolano. Reza el documento al referirse a
los logros de la gestión de Uribe en el marco de la guerra y que, lejos de
sorprender, ilustra en gran medida lo que sigue sucediendo en la realidad
colombiana:
“Sin embargo,
tales logros y admiración han cegado a muchos colombianos a las deficiencias de
Uribe. Su administración estuvo plagada de escuchas telefónicas secretas,
corrupción, apoyo descarado de paramilitares de derecha y graves abusos contra
los derechos humanos (…) Además, Uribe fue el arquitecto de la Ley de Justicia
y Paz de Colombia, que tenía como objetivo desmovilizar a los grupos
paramilitares y hacerlos responsables de sus acciones. La ley fue muy criticada
por expertos internacionales en derechos humanos porque, en la práctica, otorgó
a los paramilitares una amnistía de facto. El hecho de que la ley no esbozara
una transición sustantiva y un sistema judicial para paramilitares condujo al
surgimiento de BACRIM, grandes organizaciones de narcotráfico que están
dirigidas principalmente por exmiembros de las AUC. La presencia de estos
grupos todavía constituye una de las mayores amenazas para la seguridad de
Colombia. Además de la corrupción, Colombia sufrió algunos de sus abusos de
derechos humanos más atroces durante la presidencia de Uribe. Entre estos
abusos estaban las ejecuciones extrajudiciales de miles de combatientes de las
FARC, así como el escándalo de falsos positivos en el que las fuerzas militares
de Colombia mataron al menos a 5.000 civiles, los vistieron como guerrilleros y
obtuvieron bonos del gobierno. La militarización extrema del país, con el apoyo
del gobierno de los Estados Unidos, condujo al desplazamiento de millones de
personas de comunidades vulnerables. Esta escalada de violencia y
militarización del país también condujo al asesinato de cientos de
sindicalistas, periodistas y defensores de los derechos humanos a manos de las
fuerzas gubernamentales, paramilitares y las FARC”.
La irradiación del conflicto colombiano implicaría el desplazamiento a la frontera y también al territorio venezolano por vía de la “frontera social”, de un conjunto de complejidades, guerrillas, paramilitares, narcotráfico y refugiados colombianos. Ante esta realidad, el cese de las relaciones binacionales solo acentúa la conformación de un corredor de inestabilidad y la profundización del riesgo en materia de seguridad estratégica. El agotamiento de las formas institucionales para el seguimiento y aplicación de los acuerdos en materia de seguridad y acorde a lo refrendado por ambos países en las convenciones internacionales, a causa de la pérdida de las relaciones interinstitucionales y cese de relaciones entre gobiernos es, en efecto, un factor acelerante de los riesgos y, sobre este ítem, Colombia tiene perfecto conocimiento de dicho saldo, lo cual deja clara su intencionalidad.
El desplazamiento de las amenazas y la “zona difusa“
El
desplazamiento de los delitos trasnacionales con énfasis al suelo venezolano ha
venido de la mano de la propia evolución de la guerra en Colombia. La espiral
de violencia en Colombia, lejos de desaparecer con el acuerdo entre las FARC-EP
y el Gobierno colombiano, ha tenido el nuevo énfasis en el recrudecimiento del
conflicto ahora con el ELN como factor de primer nivel. Las dilaciones y
posibilidades de paz, desde el ascenso de Iván Duque, han quedado claramente
frustradas. En efecto, como puede apreciarse en el mapa expuesto a
continuación, el traslado del conflicto a otros ejes ha implicado el
fortalecimiento del ELN, que ha extendido su marco de maniobra en el territorio
colombiano teniendo énfasis en la frontera con Venezuela. Esta información fue
levantada por el Observatorio Colombiano de Crimen Organizado, creado
recientemente por la Universidad del Rosario y difundida en infografía mediante
la plataforma InSight Crime.
Esto
último ha implicado una ampliación del teatro de operaciones de los factores en
conflicto en Colombia hacia territorio venezolano, a expensas de un conjunto de
delitos como el narcotráfico y el contrabando, que han sido motores económicos
de la guerra, consolidándose al mismo tiempo un esquema articulado y sostenido
de guerra híbrida, de tipo no convencional, en el marco fronterizo entre las
dos naciones, significando ese elemento un nudo crítico para la seguridad
integral de Venezuela, sin que existan, para el año 2019, mecanismos acordes
con la nación neogranadina para la debida determinación de responsabilidades.
El indiscutido implicativo de la configuración de un desplazamiento de la
guerra, aún vigente contra las guerrillas, en este caso frente al ELN, concurre
también mediante el énfasis en los delitos en el marco fronterizo. Luego del
desarme de las FARC-EP, el conflicto también se ha trasladado a la continuidad
de mafias de tipo paramilitarizadas, referidas por el gobierno de Colombia como
Bandas Criminales (BACRIM) en un ejercicio probablemente reduccionista del
tinte político de estas organizaciones, las cuales son autodeclaradas
organizaciones abiertamente antiguerrillas, antiizquierda, antichavistas y
anticomunistas. Dejan un matiz de clara oposición a las formas de
institucionalidad existentes en Venezuela desde el auge de la Revolución
Bolivariana como realidad política de esta nación. Al referirnos a los grupos
paramilitarizados, un informe presentado recientemente por el Centro de Memoria
Histórica del Gobierno de Colombia, refleja la siguiente situación:
“Sobre los
grupos armados surgidos del controvertido proceso de negociación y
desmovilización con las AUC, en el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010),
plantea que existen dos grandes constantes detrás del fenómeno paramilitar y de
la actual etapa de los GAPD:
1)
La configuración particular del Estado colombiano y la promoción durante mucho
tiempo de diseños institucionales que incentivaron el uso privado de la violencia
y la provisión de seguridad.
2)
La persistencia de economías ilegales e informales, particularmente en el
ámbito regional que, además de demandar cierto tipo de ofertas de regulación
privada, han constituido la única vía de acceso e integración de un conjunto
significativo de comunidades y poblaciones locales. Estos mismos factores son
también puestos de presente en diversos estudios que sugieren que la
persistencia de economías ilegales ligadas con el narcotráfico y la explotación
ilegal de materias primas (entre otras), sumado a la baja o corrupta presencia
estatal, se encuentran en la base del fracaso de los procesos de
desmovilización, la emergencia de los GAPD y el consecuente y posterior aumento
de la violencia”.
Entiéndase
el segundo punto recién señalado, como la descripción de las relaciones
paraeconómicas fronterizas como una bisagra indispensable en la consolidación
de una estructura de crimen en Colombia, con capacidades de permear a
Venezuela, tanto por las propias inercias de la frontera como por el poder de
alcance financiero del narcotráfico, el paramilitarismo y la estructura
criminal toda. Tiene lugar en Colombia un declive de las agendas sociales y su
probable inefectividad ante la ausencia de programas sustitutivos al entramado
económico de la guerra y en el marco del florecimiento de nuevas formas
germinales de actividad criminal, mediante modalidades de Bacrim, la
destrucción de los tejidos institucionales y formas de autoridad suponen la
consolidación de grupos irregulares armados que han sido reportados ampliamente
por las propias autoridades colombianas.
Las
amenazas más peligrosas para Venezuela no yacen precisamente por las
guerrillas, sino por las estructuras narcoparamilitarizadas que
emergieron. Los Rastrojos, Los Urabeños, el Ejercito Popular
Antiterrorista de Colombia, las Autodefensas Gaitanistas, Los Paisas y Águilas
Negras están diseminados en la geografía colombiana y en la frontera
binacional, y ya es sabido para muchos factores de la seguridad colombiana que
estos grupos forman parte de un engranaje criminal mucho más amplio, ante la
presunción de que mafias como el Cartel de Sinaloa, en efecto, controlan
trechos específicos del territorio colombiano mediante presencia paraeconómica
y también mediante un componente armado. La “Zona difusa” implica entonces el
desplazamiento y extensión a la frontera social binacional de los teatros de
operaciones en el marco de una guerra irregular, el desarrollo de un espacio
difuso, un espacio donde las relaciones elementales de funcionamiento
institucional quedan parcial o totalmente inhabilitadas y donde los grupos en
disputa por el territorio imponen sus propias reglas.
Es
también un mecanismo de sedimentación de la seguridad estratégica para los
países, no solo mediante la ruptura de las formas de seguridad integral, sino
también por la declaratoria de hecho de los espacios-territorios como lugares
políticamente baldíos, con una población subordinada a reglas atípicas o
irregulares en materia económica y social, y mediante la conformación de nuevas
prácticas culturales. El cuadro de vulnerabilidades en el hecho fronterizo se
amplía en la medida en que se desarrollan actos coercitivos y unilaterales
contra Venezuela, mediante el bloqueo de su economía. Es indispensable
detenernos un momento en este ítem, que ha signado la vida económica de
Venezuela en los últimos años.
Las
medidas coercitivas y unilaterales que ha aplicado el gobierno estadounidense,
según autoridades venezolanas, han significado una degradación en la base
material de la nación y concretamente del Estado venezolano. Es indispensable
reseñar este punto, dado que la inhabilitación económica parcial del Gobierno
venezolano limita también su aplicación de las formas de gestión social, así
como también su capacidad operativa para la aplicación de la autoridad. Este
marco crea condiciones para que la población del lado venezolano sea cada vez
más vulnerable frente a la paraeconomía imperante en la frontera, y se
consolide un marco idóneo para que los grupos armados tengan un mayor poder y
control sobre el margen binacional. Se incrementan entonces las relaciones
difusas y los riesgos consecuentes. El espacio fronterizo entre Venezuela y
Colombia es, en esencia, uno de los referentes y nudos críticos en materia de
seguridad en el hemisferio occidental. Para las autoridades venezolanas es
también un referente potencial en la germinación de otras formas de guerra
híbrida o espacio idóneo para el desarrollo de una guerra regular aupada por
Colombia y Estados Unidos, como se ha planteado de manera abierta por la Administración
del presidente Donald Trump. Y estos son signos significativos de alerta.
Los
riesgos para Caracas se explican mediante el hecho de que paramilitarismo ha
mutado a lo largo de la última década, ello implica un cambio profundo de su
estructura organizativa y esquema operacional. Un informe del Indepaz de
Colombia, publicado en 2015, detalla lo siguiente sobre esto:
“La
desmovilización de las AUC y otras grandes formaciones paramilitares marcó un
momento de cambio en las estrategias contrainsurgentes hacia la adopción de
políticas de institucionalización de la fuerza del Estado. Normas como la
derogatoria de los decretos que autorizaron las “Convivir”, la declaratoria de
inexequibilidad del calificativo de ‘sediciosos’ a los paramilitares y las reformas
a la justicia y a los partidos aportan en esa dirección. El destape de la
práctica sistemática de las ejecuciones sumarias, mal llamados falsos
positivos, que se realizaron con el apoyo de grupos civiles paralelos, fue al
tiempo la muestra de la profundidad del paramilitarismo institucional y la
oportunidad para una rectificación en las prácticas de guerra”.
Desde
las desmovilizaciones de 2005 y 2006, diversos factores nacionales de Colombia
han deslegitimado y deslegalizado el paramilitarismo institucional. El complejo
paramilitar ha escalado en la estructura formal de poder, con denuncias exactas
de estructuras parapolíticas en lo alto del Gobierno colombiano. Álvaro Uribe
es su principal referente. Este tejido paramilitar institucional mantiene formas
de reemergencia y rearme y franjas institucionales de tolerancia, omisión e
impunidad. Ello reviste en serias amenazas a Venezuela, detonando posibilidades
múltiples de conflictos entre ambas naciones.
La
influencia del paramilitarismo en la vida política y estructuras de poder el
Estado colombiano también se ha transformado, atendiendo a una lógica
expansiva. Siguiendo esta línea, el informe de Indepaz ofrece cifras recientes
sobre un fenómeno que expresa la profundidad estratégica del paramilitarismo en
los espacios de toma de decisión del Estado colombiano:
“Los procesos de
Justicia y Paz, no obstante sus limitaciones, dieron insumos importantes sobre
la asociación entre políticos de muchos departamentos y los paramilitares. El
debilitamiento de la parapolítica obligó a recomposiciones en las elecciones de
2006, 2007, 2010, 2011, 2014 y 2015, y en los gobiernos en las regiones, pero
se mantienen alianzas con los sucesores o herederos de la parapolítica en
muchos departamentos y en los partidos mayoritarios en el Congreso de la
República. Los clanes de parapolíticos, aunque debilitados, volvieron al
Congreso como lo indica la foto de 32 parlamentarios en 2010 y otros 32 en
2016. Volvieron menos que los cerca de 100 Congresistas que tenían vínculos con
paramilitares y narcotraficantes según dijo Salvatore Mancuso en su momento,
pero algunos de los más visibles mantienen sus posiciones, sus redes regionales
y tentáculos en las altas esferas. La Fundación Paz y Reconciliación publicó la
lista de 140 candidatos —reconocidos parapolíticos— en las elecciones de 2015 a
gobernaciones y alcaldías registrados en 19 de los 32 departamentos“.
El
mencionado estudio de Paz y Reconciliación muestra que los avales de los
parapolíticos reemergentes son otorgados pragmáticamente por casi todos los
partidos políticos, entre los cuales se destacan Cambio Radical, Liberal, Unión
Nacional (U), Conservador, Opción Ciudadana y Centro Democrático.
Volviendo a las formas de amenazas armadas, este mismo informe también presenta
una rigurosa panorámica que muestra la extensión geográfica del paramilitarismo
en Colombia mediante la expansión del Clan del Golfo–AGC, que en 2016 llegan a
tener presencia en 296 municipios de 27 departamentos. “En 2013, cuando dieron
el paso de presentarse públicamente como Autodefensas Gaitanistas de Colombia,
registraron hechos en 264 municipios de 23 departamentos. En 2015 ese Clan
registró eventos en 304 municipios de 21 departamentos”.
El
seguimiento indica que el Clan del Golfo ha fortalecido su presencia en sus
zonas de origen del noroccidente de Colombia y Bajo Cauca, Andén Pacífico desde
El Darién a Tumaco; rápidamente ha incursionado también en Norte de Santander y
Orinoquía. Indepaz también señala el proceso que han lidiado Los Rastrojos. En
los últimos años ha sido un grupo narcoparamilitar que se ha confrontado con el
Clan del Golfo-AGC y sus activos han sido absorbidos por esta vigorosa
fuerza. Todo esto infiere una migración de la violencia en Colombia,
desde el enfrentamiento entre fuerzas beligerantes hasta un nuevo ciclo de
lucha entre carteles, es decir, fuerzas narcoparamilitares no sujetas a
controles políticos, con posibilidades de incrementar su conflicto y de
irradiarlo en el trecho fronterizo. Los riesgos ahora se ciernen sobre
las posibilidades de una internacionalización o trasnacionalización del
territorio colombiano bajo los designios de empresas criminales, tal como las
propias autoridades colombianas lo han señalado con la cada vez más consistente
presencia del Cartel de Sinaloa (de México) en el tejido de la estructura
narcotraficante en Colombia. Desde la desmovilización de una parte de las
FARC-EP, al fortalecimiento de las bandas narcoparamilitares y autodefensas de
derecha, luego de su supuesta desmovilización, el cuadro del territorio difuso
y en disputa acrecentó el desarrollo de modalidades de “franquicia” para este
cartel mexicano.
Aunque
las relaciones entre la empresa narcotraficante colombiana y mexicana son de
muy vieja data, hay nuevas particularidades. “En los años 80, habían
estructuras como la de Pablo Escobar o la de los hermanos Rodríguez Orejuela
que eran capaces de controlar desde el cultivo, la producción, la
transformación de la hoja en cocaína, el traslado de la mercancía en lanchas o
aviones y la distribución en las calles de Estados Unidos, pero eso cambió
mucho“, explica a BBC Mundo el investigador Daniel Rico. El profesor
universitario y consultor internacional en la materia explica que en Colombia,
desde el fin de los dos grandes carteles, las organizaciones que quedaron solo
pueden controlar alguno de los eslabones de la cadena y desde entonces los
mexicanos tomaron protagonismo. “El ingreso promedio de los narcotraficantes
colombianos se redujo a un tercio porque las principales organizaciones mexicanas
comenzaron a comprar de manera directa acá. La ganancia, por ejemplo, por un
kilo de cocaína pasó de US$20.000 a US$7.000”, indica el experto.
Rico
añade, explicando sobre la modalidad de “franquicia”, que los carteles de
México aprovechan que los grupos criminales de Colombia necesitan de sus
recursos para financiar sus disputas territoriales y con ello se garantizan la
cocaína que necesitan. Es decir, hay un claro aliento a una carrera
armamentista por parte de fuerzas irregulares.
En este punto los riesgos que podrían proyectarse al mediano plazo, en términos estrictamente dentro de la lógica de guerra difusa en suelo colombiano, es que tenga lugar una sedimentación acelerada de las formas de gobernanza (tanto regular como irregular) en el territorio, al punto en que esto se convierta en espacio de oportunidad para que el Cartel de Sinaloa tome directamente el territorio, tal como lo hacen en México, para trasnacionalizarlo. En esos escenarios, esto sería ingredientes de nuevas posibilidades para el auge de nuevas variantes del conflicto narcoparamilitar colombiano, que podría ser irradiado a Venezuela. De esta manera, el quiebre de las relaciones institucionales binacionales, el cese de la colaboración interinstitucional y el factor de vulnerabilidad, formulado desde la configuración de un espacio difuso en el trecho fronterizo, alcanza magnitudes con posibilidades incalculables a plenitud al día de hoy.
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