Luis Salas Rodríguez


Dolarizar ¿A quien beneficia?

Por: Luis Salas Rodríguez

Un truco al que necesariamente recurren quienes formulan políticas económicas cuando estas no son populares, es hacerlas pasar como beneficiosas para todos.

Así por ejemplo, cuando se anuncia que hay que reducir pensiones o remuneraciones, uno no escucha a nadie diciendo que la idea es aumentar las tasas de ganancias de los empresarios vía reducción de los salarios o eliminando derechos laborales. Dirán  que es necesario para “equilibrar la economía”, lo que no solo suena aséptico y políticamente correcto, sino que procura poner a todo el mundo de acuerdo en que es un medida odiosa pero necesaria, pues ni modo, nadie quiere una economía desequilibrada!
Es lo mismo que pasa cuando se nos dice que todos debemos “apretarnos el cinturón” como sacrificio para salir de una crisis.
Cada vez que uno escucha o lee esta expresión, de lo único que puede estar seguro es que el apriete será en las cinturas de los trabajadores y trabajadoras, quienes son generalmente las víctimas de las crisis, para beneficio de los empresarios y especuladores, que suelen causarlas.
Así las cosas, ¿qué puede decirse de una medida como la dolarización? ¿Es cierto que nos beneficia a todos? O más bien ¿beneficia a algunos poquitos en detrimento de muchos? Se nos dice una vez más que todos debemos sacrificarnos para poner de nuevo la economía en marcha, ahora: ¿quiénes exactamente deberán sacrificarse para que se cumpla el plan de la dupla Falcón/Rodríguez?
Y es que detrás de la oferta a todas luces engañosa de la “recuperación del poder adquisitivo de todos”, se esconde la consumación de una gran estafa que beneficiará  principalmente a los corruptos públicos y privados de todos los colores y épocas, de los cuales Francisco Rodríguez (el “cerebro” detrás de esta operación) es descendiente. Pero a su vez beneficiará a los tenedores de deuda venezolana, de los cuales Francisco Rodríguez -ohhh casualidad!- es empleado. Veamos:
Dolarizar es doralizar: un premio a la corrupción.
En efecto, los primeros beneficiados de la dolarización serán los venezolanos y venezolanas que, luego de haber desfalcado al país a través de la corrupción, la especulación y la fuga de capitales, se fueron a vivir a lugares como Florida, entre ellos, el exclusivo municipio de Doral, donde incluso uno de estos venezolanos es alcalde.
Seguramente no todos los venezolanos y venezolanas que habitan en Florida (o Panamá, Madrid, etc.,) dedicándose a actividades como la importación de bienes a nuestro país o la promoción de fuga de capitales a través de la compra de activos  en dichos lugares, son corruptos y especuladores. Pero es por todos conocidos que, al menos desde finales de los años 70, han sido estos los destinos favoritos de los corruptos y especuladores, incluyendo a los de última generación.
¿Cómo beneficiará la dolarización a los corruptos? Pues en la medida en que, al decretarse la dolarización, el Estado venezolano perderá automáticamente la potestad de emitir moneda (solo la Reserva Federal puede hacerlo en sus imprentas de Washington y Fort Worth, para luego distribuirlos por los 12 bancos que la conforman), todos aquellos venezolanos y venezolanas o habitantes de nuestro país con posesiones en dólares tendrán ventaja sobre los que no.
En la medida en que los corruptos se caracterizan precisamente por su alta posesión en dólares, la propuesta por Falcón/Rodríguez los terminará premiando. Por un lado: porque les permitirá blanquear dicha posesión mal-habida, sacada de las arcas públicas bien por la vía de la sobre facturación y demás variantes de las estafas cambiarias (en el caso de los privados), o embolsillada directamente (en el caso de los corruptos provenientes del sector público). Mientras por otro, y esto es muy importante, les permitirá comprar cualquier cosa en Venezuela rematada por aquellos desesperados sin dólares -la gran mayoría de los venezolanos y venezolanas- a precio de gallina flaca.
Francisco Rodríguez, el anunciado Jefe del Gabinete Económico de un eventual gobierno de Falcón e ideólogo de la dolarización, es, como hemos señalado con anterioridad, hijo del economista de adeco Gumersindo Rodríguez, de quien además es admirador. Éste último ocupó ese mismo cargo de Jefe de Gabinete Económico durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, siendo que en aquel entonces fue el ideólogo de La Gran Venezuela, el tristemente célebre plan de gobierno de CAP I, denunciado por Pérez Alfonzo como Plan de Destrucción Nacional, y según los expertos tanto de izquierda como de derecha, culpable de toda la crisis que desencadenó en el Viernes Negro de 1983 y las siguientes dos décadas pérdidas de los 80 y 90.
Después de destruir al país, pero convertido en millonario, Gumersindo se fue a vivir a los Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Weston en Florida. Allí murió hace unos tres años.
Es decir, Francisco Rodríguez es un hijo y heredero no solo ideológico sino biológico de la camada de corruptos que puso sus servicios a favor de la destrucción del país y que quieren hacer de Doral la nueva capital económico-espiritual de Venezuela.
Dolarizar: la victoria final de los fondos buitres      
Uno de los resultados más letales del desastre económico dirigido por la dupla Carlos Andrés Pérez/Gumersindo Rodríguez, fue el endeudamiento del país: en la medida en que despilfarraron las reservas financiando la corrupción y la especulación/fuga de capitales de los empresarios, hundieron al país en deuda como “única” “alternativa” de financiamiento.
Esto lo comenzó el propio Gumersindo: ahora su hijo (que trabaja como cobrador de los principales tenedores de deuda venezolana) viene a completar la obra garantizando que cobren.
Puede contraargumentarse que la deuda actual de Venezuela tiene entre y poco y nada que ver con aquella, lo que es parcialmente cierto, sobre todo si se ignora que la dinámica déficit público-improductividad privada-fuga de capitales-endeudamiento, no nació con el chavismo. Sin embargo, lo que resulta fuera de cualquier discusión es el rol protagónico del hijo de Gumersindo en el drama de la deuda actual.
Y es que no solo Francisco Rodríguez es uno de los principales representante de los tenedores de deuda a través de su firma Torino Capital(de la cual, dicho sea de paso, no se ha desligado) sino que, según diversas fuentes, ha asesorado al gobierno actual en el manejo de la misma desde sus tiempos de Jefe para América Latina del Bank of American. 
Por la propia naturaleza de estas actuaciones cuando se dan, difícilmente puede comprobarse tal acusación al menos que algunas de las partes lo informe abiertamente. Sin embargo, no solo pasa que algunos de los sectores oposicionistas acusan a Francisco Rodriguez de apoyar y asesorar al gobierno de Nicolás Maduro (incluyendo su rol esta vez sí público, notorio y comunicacional como asesor económico de UNASUR en el marco de las negociaciones en República Dominicana) sino que, por otro lado, lo han llegado a acusar también de utilizar sus privilegios para favorecer a sus clientes en detrimento del país.
Sirva como ejemplo de esto un artículo de Francisco Toro (fundador del medio oposicionista Caracas Chronicles y amigo personal de Francisco Rodríguez) titulado Good and bad reasons to hates Francisco Rodríguez (Buenas y malas razones para odiar a Francisco Rodríguez), de marzo de 2017. En una parte de dicho artículo, Toro, luego de alabar a Rodríguez por varias razones y manifestarle su admiración y aprecio personal, pasa a comentar la polémica con Ricardo Haussman en cuanto a la posibilidad de que Venezuela entrara en default, tal y como este último había vaticinado y Rodríguez negado rotundamente; como conclusión del papel de Rodríguez en dicha polémica Toro se despacha con lo siguiente:
No es que Francisco posea los bonos cuyo pago está asesorando: no lo hace. Es que comerciar con la deuda venezolana es el pan y la mantequilla de Torino. El modelo de negocios de su empresa depende de la comisión que pagan los clientes cuando compran y venden los bonos que luego él aconseja seriamente a los políticos venezolanos que deben pagar.
Múltiples fuentes que consulté para este post me dijeron que, en caso de incumplimiento, el negocio de Torino probablemente se agotaría (..)
Lo que Francisco quiere que creamos es que, por alguna extraña coincidencia, el interés de sus clientes coincide con el nuestro. Por una confluencia fortuita, la política que está en el mejor interés de los venezolanos también es la que favorecen nuestros acreedores, que por un sorprendente golpe de suerte coincide con la política que mantendría en marcha el negocio de su empresa.
(…) Algunas personas ven esta situación y huelen un conflicto de intereses. Hablé con tres abogados por separado para esta historia, y estoy convencido de que no es la forma correcta de verlo. Un conflicto de intereses surge cuando una persona tiene el deber legal de actuar como agente ante dos directores diferentes. Esa no es la situación que enfrenta Francisco, porque tiene un deber legal con una sola parte: los clientes de Torino.
Entonces, volvemos a la cuestión de la credibilidad. Desde el punto de vista del deudor (es decir, el pueblo venezolano), recibir el consejo de alguien que tiene el deber legal de responder a sus acreedores es … bueno, digamos que puede no ser lo más inteligente que pueda hacer.
(…) Una empresa como Torino siempre reclutaría a un economista jefe de las filas de economistas que están genuinamente convencidos de que Venezuela debería pagar. Es un viejo mundo sucio en el que vivimos (…)”
Cambiendo lo que haya que cambiarle, la pregunta que se hace Francisco Toro sobre su tocayo es fundamental: ¿debe el pueblo venezolano fiarse de los consejos económicos y políticos de alguien cuyo compromiso está no con nuestro país sino con sus clientes y jefes pertenecientes a una jauría de fondos buitres especuladores y corruptos?

Independientemente sean verdad o no las acusaciones contra Francisco Rodríguez de haber asesorado al gobierno actual en el manejo de la deuda -lo que suena poco probable- lo que si es cierto es que su opinión con respecto al pago de la misma ha variado conforme entró al terreno electoral: tan solo el año pasado, Francisco Rodríguez desde su lugar de “experto” y cobrador de los buitres, no solo decía que “Venezuela puede pagar su deuda” y que era “improbable que cayera en default“, sino que afirmaba que “debía seguir pagándola recortando importaciones” y hasta proponía cómo hacerlo.  Sin embargo, ahora, menos de un año después  y al calor de una contienda en la que es cuasicandidato,  cambia de opinión y dice que está de acuerdo en que “no se pague lo que no se pueda pagar“. Entonces, ¿a cuál Francisco le creemos? ¿Al de 2017 que hacía campaña porque Venezuela pagara aún a costa de las importaciones y por tanto del abastecimiento del país?  ¿O al de 2018 que está en campaña electoral y dice que está de acuerdo en no pagar? Ahora bien, ¿son en realidad dos Franciscos distintos? ¿O será el mismo, solo que desdoblado en otra faceta para cumplir el sueño de llegar al ministerio de finanzas con un discurso demagogo, para una vez instalado allí, pagar él mismo a sus clientes y jefes a costa de los salarios y el bienestar de los venezolanos y las venezolanas?

 CITGO: mentiras, verdades y posverdades

Por: Luis Salas Rodríguez y Lenin Brea 

Imagine que a usted, en una época de crisis, vienen y le ofrecen un tremendo negocio, para el cual “solo” tiene que invertir casi todos sus ahorros y una parte importante de su salario. Supongamos que ese negocio es una franquicia en otros país. Y supongamos que usted acepta. Desde luego, si lo hace, es esperando que ese negoció lo saque de la pobreza y/o los apuros, es decir, que le reporte ganancias. Podrá hasta estar dispuesto a sacrificarse por un tiempo aguardando el retorno de su inversión, pero confiando que el negocio madure: tarde o temprano, obtendrá su recompensa.

Pues bien, eso fue exactamente lo que no le pasó a Venezuela con la compra de CITGO, y más allá, de la veintena de refinerías compradas por PDVSA entre 1983 y 1998, en el marco de lo que se llamó la internacionalización de PDVSA.

Mejor dicho, si le pasó, pero solo la primera parte: en medio de una gran crisis que apenas comenzaba, año 1983, le anunciaron que iban a usar sus ahorros y buena parte de sus ingresos petroleros –los único con que contaba y cuenta- para comprar una red de refinerías y estaciones de comercialización de combustible a lo largo y ancho del mundo.

El negocio se explicaba por sí solo: Venezuela, un país petrolero, básicamente extractor y explotador de crudo, se haría con activos de refinación y comercialización, a través de los cuales podría colocar los derivados en los mercados más apetecibles del mundo y sacar provecho comercial. ¿Cómo negarse? Era como ingresar a las grandes ligas. Sin embargo, pasaron los años, se multiplicaron las inversiones, pero el negocio para Venezuela nunca llegó.

Y no llegó no por cualquiera de las vicisitudes y riesgos que cualquier inversión comporta en mayor o menor grado: sino porque el esquema comercial montado por PDVSA, fue diseñado para que representara negocios para todas las partes, menos para el accionista, es decir, el pueblo venezolano, la República en cuanto tal, propietaria del petróleo, la industria y la plata invertida.

Pero peor aún: el esquema de negocios no solo se diseñó adrede para que no reportara ganancias al país. También para que los costos de la actividad si fueran cargados a la cuenta venezolana.
Volviendo a nuestro ejercicio imaginario del inicio, fue como si en medio de una crisis económica, usted se metiera –o lo metieran, como sería más justo decir- en el negocio de su vida, con la única salvedad que tiene que poner la plata y asumir todos los costos… pero para que los beneficios se los lleven otros.

Breve genealogía de un mal negocio:

PDVSA adquirió el 50% de la acciones de CITGO en 1986. El resto del paquete accionario lo compró en 1990. No fue la primera refinería que compró y tampoco la última. A lo largo de esas dos décadas, adquirió otras 18 por unos 7.000 millones de dólares iniciales. Y decimos iniciales, pues a cada una de ellas PDVSA tuvo que invertirle mucho más dinero para su adecuación, ya que se trataba de activos obsoletos con un agravante: ninguna estaba concebida para procesar crudos del tipo venezolano, y mucho menos, los extra-pesados de la faja, que eran los que se suponía iban a procesar.

Dado que PDVSA siempre se manejó como una caja negra, y dado que el esquema montado en el marco de la internacionalización siempre fue ajeno al escrutinio de las autoridades venezolanas, es difícil saber a ciencia cierta cuánto se gastó en ello. Sin embargo, si tomamos como referencia el valor actual nada más de CITGO (unos 10 mil millones de dólares) luego de todo lo que se le invirtió, es posible estimar se debe haber gastado en las 19 refinerías al menos tres veces la cifra inicial.

Y todo esto, como dijimos, desde 1983 hasta 1998, en el marco de una severa crisis económica. Y todo esto, como dijimos, sin que al país le reportara nada tamaña inversión.

La primera refinería que se compró fue Vebel Oel, en Alemania, en el año 1983, pocas semanas después de El Viernes Negro. Y la forma en que se hizo prefiguró todo el esquema fraudulento de la internacionalización: el contrato con la empresa alemana Veba Oel A.G, fue firmado de manera ilegal, sin la aprobación del entonces Congreso de la República, aún cuando de acuerdo al artículo 126, de la constitución vigente entonces, todo contrato de interés nacional que en materia petrolera hubiera de celebrarse, debía contar con la aprobación del Congreso.

La estrategia de los gerentes de PDVSA fue aprovecharse de las circunstancias difíciles atravesadas por el país para imponer los intereses del cartel petrolero internacional: eso fue lo que sucedió en 1983. Y luego en 1986, cuando en el marco de la negociación de la deuda (“el mejor refinanciamiento del mundo” señaló en principio Jaime Lusinchi, solo para terminar diciendo después “la banca me engañó“), avanzó con la compra de CITGO. Y lo mismo haría en 1990, luego del caracazo en 1989 y aprovechando el empuje privatizador contemplado en los “acuerdos” con el FMI.

¿Y por qué los gerentes de PDVSA se prestaron para ello? Pues básicamente porque todos y todas habían sido formados en el seno de las transnacionales petroleras, en virtud de lo cual, nunca estuvieron de acuerdo con la nacionalización de 1976, por más que dicha “nacionalización” en realidad fue un acuerdo entre las petroleras y el gobierno de CAP I, habida cuenta que en el marco de la ley de hidrocarburos de 1943 (Medina Angarita) para 1983 las concesiones quedaban sin efecto. Es decir, la “nacionalización” en realidad fue un subterfugio para pagarle a las petroleras indemnizaciones que no tenían que pagarse de esperar a 1983.

En este marco de cosas, la internacionalización para los gerentes de PDVSA fue una manera de volver al esquema transnacional, pero de manera más radical: ya no se trataría del enclave extranjero operando en el país, y en virtud de ello, cancelando tributos a la República. Por el contrario: la internacionalización se concibió para integrar a PDVSA al complejo petrolero transnacional mundial desligándola del país, desnacionalizándola. Para ello transformaron la vieja consigna de Úslar Pietri asumida luego por Betancourt y Pérez Alfonzo: Sembrar el petróleo, lo que siempre significó utilizar la riqueza petrolera para desarrollar el resto del país. En la mente de los gerentes de PDVSA había que “sembrar el petróleo (pero) en el petróleo”, lo que significaba reinvertir sus ganancias en la propia industria, disminuyendo y a la larga eliminando los aportes al fisco nacional.
La promesa sobre la cual siempre se justificó la internacionalización, fue la de la colocación segura en mercados internacionales de los crudos venezolanos, especialmente los pesados y extrapesados. Sin embargo, la dieta de crudos enviados a las refinerías de PDVSA en el exterior, no solo siempre ha sido mayoritariamente de livianos y medianos, sino que en la mayoría de los casos se trata de petróleo no venezolano. El ejemplo más aberrante fue el caso de la Veba: por sus tuberías, hasta su venta en 2010, jamás pasó un barril de petróleo venezolano. En el caso de CITGO, buena parte del petróleo que se procesa en ella tiene origen mexicano.
Chávez y CITGO.
Es de sobra conocida la relación de Chávez con la gerencia de PDVSA y todo el proyecto de apertura e internacionalización. Una de sus primeras medidas al llegar a la presidencia, fue despedir a Luis Guisti, para 1998 emblema de la internacionalización, presidente de PDVSA y, por la vía de facto, casi presidente del país. En 2001, luego de la elaborada la nueva constitución donde se prohíbe taxativamente la privatización de PDVSA, Chávez reforma la ley de hidrocarburos y rescata a la OPEP, lo que lo puso aún más a contracorriente de los gerentes de PDVSA, quienes abogaban por salirse del cartel de países productores de petróleo para ingresar al de consumidores (así, tal cual como se lee). Por esa razón en abril de 2002 le dan el golpe de Estado y en diciembre de ese mismo año se produce el sabotaje petrolero que paralizó PDVSA. Luego de tres meses de batalla, Chávez junto a la movilización cívico-militar vence a los golpistas.

Chávez siempre tuvo entre sus propósitos vender CITGO, lo que llegó a manifestar públicamente en más de una ocasión. Por ejemplo, en 2007, en el marco de la instalación de la III Cumbre de PETROCARIBE, lo señaló abiertamente: “Nosotros tenemos en Estados Unidos una empresa mediana, más o menos grande, la Citgo, que Venezuela la compró hace tiempo atrás, esa empresa tiene 7 refinerías grandes, refina casi 2 millones de barriles diario de petróleo, distribuye combustible en 14.000 estaciones a lo largo y ancho de Estados Unidos, tiene un número, no recuerdo cuántos terminales, gasoducto, oleoducto, etc., miles y miles de trabajadores que nosotros empleamos allá. Ahora, si nosotros vendiéramos esa empresa y le colocáramos la plata en el Banco, nos daría más ganancia que la que nos da, y por ahí fue por donde entre otras cosas a Venezuela la amarraron con unos convenios que han obligado a Venezuela a subsidiar, imagínate tú Venezuela subsidiando a Estados Unidos, petróleo subsidiado, eso no lo dicen quienes están señalando que yo ando regalando el dinero de Venezuela, etc., subsidiado, petróleo más barato a Estados Unidos, y una serie de convenios de los cuales algunos, no nos hemos podido zafar todavía,” 
Las razones para la venta de CITGO en líneas generales siempre fueron tres: la primera, de orden político, la hostilidad del gobierno norteamericano involucrado en el golpe de 2002, lo que exponía al país a la pérdida de un activo en el cual se había invertido mucho. La otras dos eran de orden más bien económico: en primer lugar, el esquema ya descrito de no reportar ganancias al fisco venezolano; y segundo, que como señala el propio Chávez en el párrafo citado, el petróleo “venezolano” comercializado por CITGO iba con descuento, lo que en la práctica suponía un subsidio al consumidor norteamericano, tanto particulares como empresas y al propio gobierno hostil al nuestro. De hecho, las ganancias reportadas por CITGO solo fueron posible porque al petróleo que le vendía PDVSA se le cargaba el descuento, de manera que la perdida se traslada a nuestro fisco y las ganancias al bolsillo de los consumidores gringos.

Pero vender CITGO no resultó fácil, ya que en los documentos de su compra y constitución, prácticamente se imposibilita al gobierno venezolano de hacerlo sin la aprobación de las autoridades norteamericanas. Por eso, los sucesivos intentos al menos desde 2010 y hasta 2014 –último año en el que se tiene noticias de intentos concretos- resultaron infructuosos, lo que incluye un veto del gobierno gringo a la compra de la mayoría accionaria por parte de la petrolera rusa Rosneft.

CITGO hoy: ¿el corolario Roosevelt reloaded?

Como es de conocimiento público, en días pasados CITGO fue objeto de una medida tomada por un tribunal norteamericano que permite sea embargada, como parte de un conflicto con una minera canadiense. Es la amenaza más seria que se ha hecho contra la empresa, sin embargo, no es la única.

Semanas antes, el Departamento del Tesoro emitió una orden ejecutiva que permite a los tenedores de bonos PDVSA 2020,  tener acceso a las garantías en caso de un impago, pese a las medidas de boqueo financiero y comercial tomadas contra el país. Esto en razón que ante las dificultades para su venta y los apremios económicos, entre 2015 y 2017 todo indica se optó por ponerla como garantía (colateral) de deuda: una parte de estos bonos y la otra de un préstamo de la compañía rusa Rosneft.

Estas medidas tomadas por el Departamento del Tesoro y un tribunal norteamericano, nos coloca en una situación que recuerda, por una parte, al bloqueo de nuestras costas en 1902 y al caso de los fondos buitres contra Argentina entre 2014 y 2015, en los que autoridades de los Estados Unidos se abrogaron el poder de intervenir en conflictos derivados por deudas a favor de las partes privadas contra Estados. Y esta es una situación muy peligrosa, pues por esa vía el gobierno norteamericano se “auto-habilita” de intervenir más allá para salvaguardar dichos intereses privados.

La orden ejecutiva de mediados de agosto, de hecho, dice textualmente que se toma para evitar “que el régimen de Maduro use la orden ejecutiva para incumplir sus obligaciones de bonos sin consecuencias”. Y la del tribunal en el caso de CITGO marcha en la misma dirección. Lo que constituye, palabras más palabras menos, una reedición no decretada del célebre corolario Roosevelt de 1904, enmienda a la Doctrina Monroe derivada justamente del conflicto suscitado por el cobro de las deudas contra Venezuela por parte de potencias extranjeras.

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